El futuro político de Fonseca, La Guajira, hoy está atrapado entre la calle y los estrados judiciales. Aunque las urnas dieron como ganador a Michel Pérez en las elecciones atípicas, el municipio no logra pasar la página: bloqueos en la vía nacional, inconformidad ciudadana y una creciente disputa legal mantienen en suspenso la consolidación de su mandato.
Las protestas protagonizadas por habitantes que rechazan el resultado han escalado hasta interrumpir la movilidad y presionar la no entrega de la credencial como alcalde. Este escenario no solo evidencia una fractura social, sino que también refleja la falta de legitimidad que un sector de la población le atribuye al proceso electoral.
En paralelo, la controversia se trasladó al terreno jurídico. Una tutela presentada ante el Consejo de Estado por Oswaldo Carlos Rodríguez Figueroa cuestiona la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira que permitió la participación de un candidato presuntamente inhabilitado. El recurso advierte vulneraciones al debido proceso, la igualdad y el derecho a elegir y ser elegido, además de señalar un posible exceso de competencias al desconocer decisiones previas del Consejo Nacional Electoral.
El caso ahora está en manos del alto tribunal, que deberá definir si interviene en medio de una crisis que ya desbordó lo electoral. Lo que está en juego no es solo la validez de un resultado, sino la estabilidad institucional de Fonseca, un municipio que hoy enfrenta incertidumbre sobre su gobernabilidad.
