El caso de ‘Nicky’, un perro de raza french poodle cuya muerte provocó indignación entre habitantes de Valledupar y defensores de los animales, avanzó en la justicia. La Fiscalía formuló imputación contra Yulieth Cecilia Pérez Escobar, de 40 años, señalada de estar involucrada en la agresión que acabó con la vida del canino y dejó lesionados a otros dos perros, identificados como ‘Valentino’ y ‘Copito’.
La diligencia se llevó a cabo este miércoles 18 de noviembre ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de Valledupar, con funciones de control de garantías. Durante la audiencia, la Fiscalía Cuarta Local de Chiriguaná le imputó el delito de muerte de animal agravada. Sin embargo, la procesada no aceptó los cargos.
Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron los días 8, 10 y 11 de agosto de 2026 en la urbanización Don Miguel, ubicada en el noroccidente de Valledupar.
La investigación señala que la mujer presuntamente habría reaccionado de manera violenta luego de que una perra de su propiedad entrara en celo y atrajera a otros caninos del sector hasta las afueras de su vivienda. La presencia de los animales, así como los residuos de orina que dejaban en la zona, habría generado su inconformidad.

De acuerdo con el relato expuesto durante la audiencia, Pérez Escobar habría accionado en dos oportunidades un arma traumática contra ‘Nicky’. Uno de los proyectiles impactó una de sus patas y quedó alojado en su cuerpo, lesión que posteriormente habría provocado su muerte.
De acuerdo con las circunstancias de agravación señaladas en la imputación, y en caso de que se demuestre su responsabilidad en un juicio, la mujer podría enfrentar una pena de entre 48 y 98 meses de prisión, es decir, hasta 8 años y 2 meses de cárcel.
Adicionalmente, la sanción podría incluir multas económicas, inhabilidades para desarrollar actividades comerciales relacionadas con animales y restricciones para adquirir, tener, cuidar o mantener mascotas, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
El caso de ‘Nicky’ vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la protección animal y las consecuencias judiciales que pueden enfrentar quienes sean encontrados responsables de actos de maltrato. Por ahora, la responsabilidad de la procesada deberá establecerse dentro del proceso judicial, respetando la presunción de inocencia.



