Exalcalde de Becerril, condenado en primera instancia

El Juzgado Noveno Penal del Circuito de Valledupar profirió sentido de fallo condenatorio contra Raúl Fernando Machado Luna, exalcalde de Becerril, y María Carla González Romero, representante legal de la Unión Temporal Alimentando el Futuro, por irregularidades en un contrato destinado a atender a niños, madres gestantes y lactantes del municipio.

La decisión fue conocida en primicia por Radio Guatapurí y se produjo este 12 de agosto de 2026, dentro del proceso adelantado por la Fiscalía Quinta Seccional de Administración Pública de Valledupar.

El contrato bajo investigación

El caso está relacionado con el Contrato de Suministro No. 062, firmado en mayo de 2015 entre la Alcaldía de Becerril y la Unión Temporal Alimentando el Futuro. Según la investigación, durante su ejecución se generó un detrimento patrimonial de $194.863.024,03.

Entre las principales irregularidades se estableció el reconocimiento de recursos por retención en la fuente e impuesto CREE que no habrían sido descontados ni reintegrados al municipio, situación que representó un perjuicio superior a $137 millones.

También se detectó la entrega de paquetes nutricionales en cantidades inferiores a las contratadas y el cobro de 176 paquetes que, según la Fiscalía, nunca fueron entregados a los beneficiarios.

¿Qué decidió el juzgado?

El despacho declaró a Raúl Fernando Machado Luna responsable como autor del delito de peculado por apropiación agravado, mientras que María Carla González Romero fue declarada responsable en calidad de interviniente.

Sin embargo, la pena aún no ha sido definida. La audiencia de individualización de pena y sentencia quedó programada para el 1 de septiembre de 2026, fecha en la que el juzgado establecerá la condena correspondiente.

De acuerdo con el proceso, la pena podría oscilar entre 96 y 270 meses de prisión, dependiendo de las circunstancias que sean valoradas por el despacho.

La decisión puede ser apelada. Al tratarse de un fallo de primera instancia, los procesados conservan su derecho a impugnar la decisión mediante el recurso de apelación.

Por ahora, el proceso avanza hacia la definición de la pena y la posterior resolución de los recursos que eventualmente sean presentados.

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