El Presupuesto General de la Nación para 2027, por cerca de $634,9 billones, será expedido por decreto luego de que un error en el trámite legislativo dejara al Senado y a la Cámara de Representantes con versiones diferentes del proyecto aprobado.
La controversia se concentra en el artículo 65, relacionado con las operaciones financieras de cobertura de riesgos fiscales que puede realizar el Ministerio de Hacienda. Aunque ambas corporaciones aprobaron el presupuesto, no habrían votado exactamente el mismo texto.
El problema surgió durante las sesiones plenarias que se extendieron hasta la madrugada del martes 20 de octubre, fecha límite para completar el trámite. Una modificación que no quedó aprobada en el Senado habría sido incorporada posteriormente en la Cámara de Representantes.
El artículo que generó la controversia
La diferencia está relacionada con una proposición presentada por el senador Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático, que buscaba introducir ajustes en el artículo 65.
Aunque la propuesta contó inicialmente con aval del Gobierno, terminó siendo retirada y no quedó incluida en el texto aprobado por el Senado. Sin embargo, al llegar el articulado a la Cámara, la modificación habría aparecido entre las proposiciones sometidas a votación.
El resultado fue que la Cámara aprobó una versión del artículo con dos parágrafos adicionales, mientras que el Senado había dado su visto bueno a un texto diferente.
Cuando Senado y Cámara aprueban versiones distintas de un mismo proyecto, la legislación contempla un proceso de conciliación para unificar el articulado. En este caso, ese procedimiento no se habría realizado antes del vencimiento del plazo.
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Gobierno expedirá el presupuesto por decreto
Ante este escenario, el Gobierno anunció que expedirá el presupuesto mediante decreto, amparado en el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.
La base será el proyecto aprobado en primer debate por las comisiones económicas conjuntas, que también contemplaba un monto de $634,9 billones.
El vicepresidente José Manuel Restrepo sostuvo que esta decisión no significa que el presupuesto haya sido rechazado o hundido por el Congreso, sino que se aplicará el mecanismo previsto cuando el Legislativo no logra expedirlo dentro del plazo establecido.
Cambios que podrían quedar por fuera
Aunque la cifra global del presupuesto se mantendría, varias modificaciones incorporadas durante los debates finales podrían no quedar incluidas en el decreto.
Entre ellas aparecen $3 billones adicionales para el sector salud, otros $3 billones para subsidios de energía y gas, un ajuste de $11.400 millones para la Jurisdicción Especial para la Paz y cambios relacionados con el llamado Fondo Milagro.
Estas partidas habían sido negociadas durante la etapa final del trámite y ahora dependerían de nuevas decisiones legislativas para ser incorporadas posteriormente.
El Gobierno conserva la posibilidad de presentar nuevos proyectos de ley para recuperar algunas de esas modificaciones.
¿Se cayó todo el presupuesto?
Ese es uno de los principales puntos de la discusión jurídica.
Mientras algunos sectores consideran que la falta de conciliación impide que todo el proyecto pueda convertirse en ley, otros sostienen que la irregularidad podría limitarse únicamente al artículo 65.
El abogado Vladimir Salazar, especialista en derecho administrativo, ha planteado que una diferencia en ese punto no necesariamente invalida todo el articulado.
Sin embargo, el Gobierno decidió acudir a la expedición por decreto para garantizar que el país tenga presupuesto vigente durante 2027.
La discusión ahora se concentrará en la distribución final de los recursos y en las modificaciones que el Ejecutivo deberá tramitar posteriormente si busca recuperar las partidas negociadas en los últimos debates del Congreso.
