El Tribunal Superior de Bogotá dejó sin efecto la medida de detención domiciliaria que había sido impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez y ordenó su libertad inmediata, mientras se define en segunda instancia la apelación a la condena de 12 años por fraude procesal y soborno a testigos.
La decisión de primera instancia había sido proferida el pasado 1 de agosto por la jueza Sandra Heredia, quien consideró que la medida de aseguramiento era necesaria para “garantizar la confianza ciudadana en las instituciones” y evitar riesgos de fuga. Sin embargo, la defensa de Uribe calificó la decisión como “injusta” y presentó una tutela argumentando la vulneración de derechos fundamentales como la libertad, el debido proceso y la presunción de inocencia.
Argumentos del Tribunal
En su fallo, el alto tribunal cuestionó los motivos de la jueza de primera instancia y respaldó los argumentos de la defensa.
“La falladora destacó el reconocimiento público del enjuiciado, pero el derecho penal de autor se encuentra proscrito. El sujeto debe responder por lo que hizo o dejó de hacer, no por su personalidad, lo cual fue utilizado como criterio de peligrosidad, de manera subjetiva”, señaló la decisión.
La corporación enfatizó que imponer prisión domiciliaria de manera anticipada desconocía el principio de proporcionalidad y la presunción de inocencia, priorizando un mensaje simbólico frente a la sociedad por encima de los derechos fundamentales del exmandatario.
Lo que sigue en el proceso
Los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, defensores del expresidente, radicaron el pasado 13 de agosto los argumentos con los que buscan tumbar de fondo la condena. En la misma línea, la Procuraduría, a través del delegado Bladimir Cuadro, pidió que la sentencia de primera instancia sea declarada “nula”, cuestionando las valoraciones de la jueza Heredia frente a las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su exabogado Diego Cadena.
Aunque el expresidente recobró su libertad, la condena de primera instancia se mantiene vigente mientras se resuelve la apelación. Hasta el momento, Uribe continúa siendo señalado como culpable de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, con una sanción de 12 años de prisión domiciliaria, inhabilidad de 100 meses para ocupar cargos públicos y una multa de 2.420 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
El futuro judicial del exmandatario se definirá en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en lo que muchos consideran el “segundo round” de una de las batallas jurídicas más trascendentales en la historia política del país.
