Ante los medios de comunicación, la Universidad Popular del Cesar aclaró diversos puntos frente a las declaraciones del Secretario de Transparencia, doctor Andrés Idárraga, basadas en denuncias e información que, según la Universidad, contienen imprecisiones que afectan la imagen institucional.
La institución explicó que sus contratos, a diferencia de las entidades públicas tradicionales, se rigen por el Derecho Privado conforme al artículo 93 de la Ley 30 de 1992, y están regulados internamente por el Acuerdo No. 021 del 30 de septiembre de 2024, aprobado por el Consejo Superior Universitario. Además, la Universidad publicó todos sus contratos en su página web oficial y en la plataforma SECOP II, cumpliendo con las normas de transparencia.
En relación con las acusaciones sobre presuntos sobrecostos en contratación tecnológica, la Universidad indicó que no se especificó ningún contrato concreto y que esta administración realiza una rigurosa verificación de precios con un equipo interdisciplinario, mostrando total disposición para esclarecer cualquier duda.
Respecto a la construcción del Bloque J, la Universidad aclaró que no ha adelantado procesos contractuales relacionados y que autorizó al Ministerio para contratarlos mediante FINDETER.
Sobre la supuesta utilización de recursos sin beneficios concretos en la Escuela de Perfeccionamiento Académico, se enfatizó que esta dependencia es autosostenible, genera utilidades y es fundamental para los estudiantes. Además, el director de la Escuela es un funcionario con más de 23 años en la institución, sin manejo directo de recursos.
Finalmente, la Universidad negó irregularidades en el contrato para el suministro del Centro Biomédico del programa de Licenciatura en Educación Física, confirmando que fue ejecutado, pagado y liquidado, y que el Centro ya está en funcionamiento para el beneficio de estudiantes y eventos deportivos.
