Líderes y presidentes de Juntas de Acción Comunal de Chiriguaná, Chimichagua, Astrea, Pailitas y Tamalameque rompieron el silencio para denunciar presuntas extorsiones dentro del Programa de Fortalecimiento a Juntas de Acción Comunal, una de las iniciativas más promocionadas por la gobernadora Elvia Milena Sanjuan.
Según relatan, funcionarios de la Secretaría de Gobierno Departamental estarían exigiendo entre $5 y $10 millones para aprobar proyectos o agilizar anticipos y pagos de hasta $60 millones por iniciativa. Aseguran que, quienes se niegan a estas exigencias, son vetados del programa y excluidos de otros beneficios institucionales, afectando especialmente a comunidades rurales donde el miedo y el aislamiento dificultan alzar la voz.
Los denunciantes afirman que las represalias incluyen la exclusión de convocatorias, la no aprobación de proyectos radicados e incluso presiones para que no hablen del tema. “Si uno dice algo, lo borran de la lista y no lo vuelven a llamar para nada”, expresó uno de ellos, que pidió proteger su identidad.
Este medio conoció que varios afectados han solicitado mantener sus nombres en reserva mientras recopilan y entregan pruebas a las autoridades competentes. Nuestra investigación buscará revelar los nombres de los presuntos responsables y exponer cómo estaría operando esta red de corrupción en un programa social vital para el desarrollo comunitario del Cesar.
Frente a los señalamientos, el secretario de Gobierno, Eduardo Esquivel López, manifestó desconocer el caso, pero aseguró que será “implacable” si se demuestra la culpabilidad de algún funcionario bajo su cargo. Además, invitó a todos los presidentes de JAC a hacer públicas sus denuncias para blindar el programa y evitar que intereses particulares lo utilicen en contra de las comunidades.
