Luego de que no se alcanzara un acuerdo en la Comisión de Concertación, el presidente Gustavo Petro anunció que el salario mínimo para 2026 será de $2.000.000, incluyendo el auxilio de transporte. La decisión fue comunicada en una alocución la noche de este lunes 29 de diciembre, en la que estuvo acompañado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
De acuerdo con el Gobierno, el incremento será del 23,7 %, lo que eleva el salario base de $1.423.500 en 2025 a $1.746.883 en 2026, mientras que el auxilio de transporte aumentará de $200.000 a $253.118. El presidente sostuvo que el aumento es “real y no solo nominal”, al considerar el efecto de la inflación, y afirmó que permitirá fortalecer el consumo y la demanda agregada de la economía.
No obstante, el anuncio generó preocupación en el sector empresarial. En un comunicado, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) cuestionó que la decisión se haya adoptado de manera unilateral y advirtió que el incremento podría tener efectos negativos sobre la inflación, el empleo y las finanzas públicas. El gremio señaló que, según estimaciones técnicas, cada aumento del 1 % en el salario mínimo representa cerca de $400.000 millones adicionales en gasto público, en un contexto que el propio Gobierno ha calificado como de “emergencia económica”.
Desde la oposición, la senadora María Fernanda Cabal fue una de las voces más críticas al calificar el aumento como “populismo disfrazado de justicia social”, asegurando que la medida golpea el empleo formal, asfixia a las pequeñas y medianas empresas y acelera la informalidad laboral.
Así, mientras el Gobierno defiende el incremento como una herramienta para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y dinamizar la economía, gremios empresariales y sectores de oposición advierten sobre los riesgos macroeconómicos y laborales que podría traer la decisión, reavivando el debate sobre el equilibrio entre bienestar social, sostenibilidad fiscal y generación de empleo.
