Buenos Aires (EFE). La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) cumplirá su condena por corrupción desde su casa. El juez Jorge Gorini, encargado de ejecutar la sentencia, le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria, a pesar de que ya se encontraba formalmente detenida.
Fernández, de 72 años, fue condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta, en un caso relacionado con la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Esta condena fue ratificada el pasado 10 de junio por la Corte Suprema, dejando el fallo en firme.
El juez determinó que la exmandataria cumpla la pena en su domicilio, ubicado en el barrio Constitución de Buenos Aires, donde desde hace días se reúnen simpatizantes para manifestarle apoyo. Con esta medida, Cristina no deberá presentarse ante los tribunales, como tenía previsto hacerlo este miércoles.
Las condiciones
Entre las condiciones impuestas por el tribunal, se estableció que Fernández no podrá salir de su residencia, salvo por razones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar. Además, deberá abstenerse de realizar actos que perturben la tranquilidad del vecindario o alteren la convivencia pacífica.
¿Privilegios por su investidura?
La defensa de la exmandataria argumentó su solicitud en razones humanitarias: su edad avanzada, su condición de exjefa de Estado y el antecedente del intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022. Sin embargo, la Fiscalía expresó su rechazo a la medida, alegando que no existen fundamentos suficientes que justifiquen el beneficio.
La decisión ha generado polémica y críticas en diversos sectores, donde se cuestiona si esta medida representa un acto de justicia o un trato privilegiado por su perfil político.
