Franklin Mora Rosado, hermano de la alcaldesa de González (Cesar), Katherine Mora Rosado, su esposa y dos escoltas fueron liberados tras haber sido secuestrados la tarde de este martes 17 de junio, en la vía que comunica el municipio con Ocaña, Norte de Santander.
El hecho ocurrió en el sector conocido como Los Pinos, una zona crítica del corredor que conecta al sur del Cesar con el Catatumbo, donde operan distintos grupos armados ilegales.
¿Qué ocurrió?
Los secuestrados viajaban en la camioneta oficial cuando fueron interceptados por hombres armados. Según relató la alcaldesa, ella se movilizaba en otro vehículo junto a su esposo e hijas.
“Se llevaron la camioneta, las armas de los escoltas y las pertenencias de quienes iban en el vehículo”, informó Mora Rosado.
Horas después, los cuatro secuestrados fueron liberados en zona rural del municipio de Teorama, en Norte de Santander, y se encuentran a salvo bajo custodia de las autoridades en Ocaña.
Alcaldesa denuncia abandono estatal
La alcaldesa Katherine Mora Rosado, visiblemente afectada, denunció la falta de garantías de seguridad para los mandatarios locales y la población del sur del Cesar.
“He pedido en varias ocasiones un vehículo blindado y mayor presencia estatal, pero seguimos desprotegidos en un corredor dominado por la criminalidad”, afirmó.
Además, confirmó que interpuso una acción de tutela exigiendo protección para su familia y comunidad, y elevó un llamado al Gobierno Nacional y Departamental para atender la crítica situación de orden público que atraviesa la región.
“La población civil es la más afectada. Si no se dialoga y se toman acciones concretas, los inocentes seguirán pagando las consecuencias del abandono institucional”, sentenció.
Investigación en marcha
Por ahora, las autoridades no han confirmado qué grupo armado estaría detrás del secuestro, pero ya se iniciaron las investigaciones correspondientes. Se espera también un refuerzo de las medidas de seguridad en este corredor estratégico, golpeado por la violencia y el control ilegal de territorios.
Este nuevo hecho de inseguridad revive el debate sobre la protección de funcionarios públicos en zonas de alta conflictividad, y evidencia las deudas del Estado en regiones históricamente olvidadas como el Catatumbo y el sur del Cesar.
