El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto con el que el presidente Gustavo Petro intentaba convocar una consulta popular sin la aprobación del Senado. La medida cautelar responde a más de 140 acciones legales que cuestionan la constitucionalidad de la iniciativa.
Entre los recursos presentados hay 97 tutelas y decenas de acciones de nulidad. Mientras el Gobierno insiste en que el decreto es legal, varios expertos y juristas consideran que se estaría vulnerando la separación de poderes. El Consejo ahora deberá estudiar a fondo si la propuesta presidencial se ajusta o no a la Constitución.
Por lo pronto, el proceso queda en pausa. Además, el registrador Hernán Penagos ya dejó claro que no activará ningún mecanismo electoral sin una orden expresa del Consejo de Estado o la Corte Constitucional. La última palabra aún no está dicha.
