Los abogados de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, solicitaron a la Corte Constitucional que revise la tutela en la que se cuestiona la legalidad de la condena en su contra por el delito de instigación a delinquir con fines terroristas, por el cual permanece privada de la libertad.
Argumentos de la defensa
El recurso fue presentado por el abogado Víctor Mosquera, quien sostiene que Barrera fue víctima de una deficiente defensa técnica durante la etapa de aceptación de cargos, lo que la llevó a reconocer un delito que —según la defensa— no correspondía a su actuación.
Mosquera afirma que los hechos reprochados, como golpear con un martillo las puertas de una estación de TransMilenio y pintar grafitis contra el Gobierno, se enmarcan en un contexto de vandalismo y protesta social, pero “no cumplen con los elementos propios del terrorismo definidos en la normativa nacional e internacional”.
Antecedentes judiciales
En marzo de 2020, Epa Colombia fue condenada en primera instancia por daño en bien ajeno agravado y perturbación en el transporte público, con una pena de 43 meses de cárcel, aunque se le concedió suspensión condicional.
Sin embargo, en 2021 el Tribunal Superior de Bogotá revocó parcialmente ese fallo, agregó el delito de instigación a delinquir con fines terroristas y elevó la condena a 5 años y 2 meses de prisión, además de una multa cercana a 500 salarios mínimos y la prohibición de ejercer como youtuber o influenciadora durante el mismo periodo.
En enero de 2025, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena y ordenó su captura inmediata. Barrera fue detenida el 27 de enero de 2025 y trasladada días después a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, donde lleva recluida alrededor de siete meses y medio.
Lo que busca la tutela
La acción interpuesta pretende que la Corte Constitucional unifique jurisprudencia en tres puntos clave, principalmente sobre la criminalización de la protesta social, argumentando que los jueces confundieron actos de vandalismo con conductas terroristas.
