Un juzgado especializado en extinción de dominio de Bogotá profirió un fallo de 235 páginas, concluyó que la Fiscalía General de la Nación no aportó pruebas suficientes ni estudios patrimoniales sólidos que demostraran que los bienes del ‘Ñeñe’ Hernández tuvieran un origen ilícito o estuvieran vinculados directamente con actividades criminales.
Además, la sentencia cuestionó la solidez del testimonio del principal testigo del proceso, identificado como alias ‘La Penca’, cuyas versiones resultaron contradictorias e imprecisas sobre la identificación de bienes específicos en cuestión.
Entre los activos que deberán ser devueltos a la viuda, Lina López, y a los hijos de Hernández Aponte se encuentran:
° 40 bienes inmuebles, incluyendo fincas y apartamentos en Bogotá, Valledupar y La Guajira.
° Dos sociedades comerciales: La Gloria Ganadería e Inversiones Hernández López.
° 7.584 cabezas de ganado repartidas en varios predios.
° Vehículos de lujo y establecimientos de comercio que estaban bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
El patrimonio involucrado en la decisión está valorado en más de 480.000 millones de pesos, según el estimado oficial incluido en la documentación judicial.
La defensa de los herederos presentó peritajes contables y evidencia de ingresos lícitos que habrían sustentado la adquisición de los bienes durante décadas de actividad formal en la ganadería y otros negocios, lo que fue un factor determinante para el revés de la extinción de dominio.
El fallo resalta que no se realizó un análisis técnico-patrimonial profundo ni se vinculó claramente cada bien con el supuesto delito, motivo por el cual la medida de extinción de dominio no procedió en su mayoría.
José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández Aponte fue asesinado el 2 de mayo de 2019 en Brasil durante un intento de robo, y su muerte abrió una serie de investigaciones por presuntos nexos con estructuras criminales, entre ellas la liderada por el narcotraficante alias “Marquitos Figueroa” en el Caribe colombiano.
Hernández también estuvo envuelto en la llamada Ñeñepolítica, un escándalo mediático por grabaciones en las que supuestamente discutía apoyos políticos y financieros en campañas presidenciales, investigaciones que más tarde fueron archivadas por el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía sin encontrar delito electoral claro.
Aunque el fallo fue emitido en primera instancia, la Fiscalía aún puede apelar ante instancias superiores, lo que mantendría el proceso judicial abierto mientras se dirimen los argumentos probatorios y técnicos.
El caso reabre el debate sobre los requisitos y exigencias probatorias en procesos de extinción de dominio en Colombia, especialmente en contextos donde se busca vincular patrimonios a actividades ilegales sin evidencia contundente.
