El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto que fijaba el aumento del salario mínimo para 2026, decisión que frena temporalmente el incremento decretado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La medida fue adoptada como cautelar, en el marco de una demanda que cuestiona la legalidad del acto administrativo mediante el cual se estableció el incremento —cercano al 23 %— tras no lograrse consenso en la mesa de concertación entre empresarios, trabajadores y el Ejecutivo.
La decisión del alto tribunal no anula el aumento de manera definitiva, pero sí deja sin efectos el decreto mientras se estudia de fondo si cumplió con los requisitos constitucionales y legales exigidos para la fijación del salario mínimo en Colombia.
Con esta determinación, el Gobierno Nacional deberá expedir un nuevo decreto transitorio que atienda los lineamientos señalados por la corporación judicial, mientras avanza el proceso.
La suspensión ha generado reacciones divididas. Desde el Gobierno se ha defendido el incremento como una medida orientada a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y reducir brechas sociales.
En contraste, sectores empresariales y algunos analistas económicos han señalado posibles impactos en la inflación, los costos laborales y la estabilidad jurídica.
Por ahora, trabajadores, empleadores y sectores productivos permanecen a la espera de claridad frente al salario mínimo que regirá oficialmente para 2026, en medio de un debate que sigue abierto en el ámbito jurídico y económico.
