La muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia A severa, ha generado conmoción nacional y reavivado el debate sobre el acceso a tratamientos vitales en Colombia. El menor dependía de un medicamento de alto costo que debía aplicarse periódicamente para evitar hemorragias potencialmente mortales. Según su familia, el tratamiento no fue suministrado a tiempo, situación que habría incidido en el desenlace fatal.
El caso tomó mayor dimensión luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien señaló que el menor habría sufrido una caída en bicicleta y habló de la importancia de la prevención en pacientes con este tipo de condición. Las afirmaciones generaron reacciones inmediatas, especialmente por parte de la familia del niño, que rechazó esa versión y sostuvo que la causa principal fue la falta del medicamento que requería de manera urgente.
Más allá de la controversia política, la historia de Kevin ha puesto nuevamente en el centro de la discusión las fallas estructurales del sistema de salud, el papel de las EPS en la entrega oportuna de tratamientos de alto costo y la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud. Su caso se ha convertido en símbolo de una preocupación nacional sobre la protección de los pacientes más vulnerables y la necesidad de respuestas claras frente a situaciones que pueden ser irreversibles.
